“Los ciudadanos no son clientes del agua, son titulares de derecho y deben ser informados sobre su gestión”



2017.01.03 - ASA ANDALUCIA

Entrevista al presidente de ASA Andalucía, Pedro Rodríguez Delgado, en el último número de la Revista elEconomista. Agua y Medio Ambiente, publicada y difundida con fecha de 03 de enero de 2017.

Lleva poco más de un año al frente de ASA Andalucía, que aglutina a la práctica totalidad de las empresas andaluzas del ciclo integral urbano del agua y representa a los operadores, tanto gestores públicos como privados y mixtos, y dirigiendo la empresa pública de aguas del Aljarafe sevillano, pero ya es y siente como un hombre del agua, cuya principal arma es el sentido común y la conciencia de que "no somos más que meros instrumentos de una competencia y una responsabilidad que reside en el poder público.

Además de los problemas climatológicos agudizados a fin de año, ¿cuáles son los principales problemas hídricos de Andalucía?
El agua está en un debate social permanente porque la crisis ha puesto de relieve la problemática que venía padeciendo el sector. Han aflorado problemas sociales, como familias en situaciones económicas precarias con problemas para pagar la factura del agua. Aunque sea un coste mínimo, para algunos puede suponer un auténtico problema. Andalucía ha tomado conciencia de este tema y desde todas las instancias y las empresas del sector se han articulado mecanismos para que ninguna familia quede sin suministro de agua por problemas económicos. Puede decirse que hoy ningún residente en Andalucía se quedará sin agua por no poder pagar. Los servicios sociales de cada Ayuntamiento y las propias empresas gestoras les informarán de qué y cómo pueden acceder a esos mecanismos de ayuda.

Y dentro del ciclo integral del agua, ¿qué problemas y retos hay?
El hecho de que la competencia del agua sea municipal crea, como en todas las comunidades autónomas, gran cantidad de reguladores del ciclo. De hecho puede haber tantos como municipios. Algunos se consorcian o mancomunan, pero en cualquier caso hay muchas disparidades y, desde ASA y a título personal, creo que se necesita que haya un ente regulador estatal único, una autoridad en materia de agua que establezca criterios homogéneos y comunes. Unas pautas comunes en cuanto a la calidad y condiciones de la prestación del servicio, porque todos los ciudadanos deberían tener la misma calidad de agua a igual precio. Y ahí cito un tercer tema, el precio. La tarifa del agua no soporta los costes del servicio integral.
No hay suficiente financiación con lo que se recauda con las tarifas. Hasta ahora teníamos una fuente de financiación adicional importante; los fondos estructurales europeos, los fondos Feder, pero se han reducido mucho.

¿Habría que subir la tarifa?
Es evidente que para soportar un servicio de calidad de agua, que sea eficiente y sostenible son necesarios más recursos económicos. ¿Tiene que venir todo vía tarifa? Pues no lo sé, pero la realidad es que Andalucía va a tener un problema muy pronto, porque las infraestructuras hidráulicas cada vez envejecen más, como las personas, que cada vez envejecen más. Según un informe de Aeas de 2016, más del 40 por ciento de las infraestructuras hidráulicas españolas tiene más de 40 años. Y hay que renovarlas. Por lo tanto, habrá que revisar las tarifas, dar información a la ciudadanía para que sepa que es muy fácil abrir el grifo y que salga agua, pero que se trata de un bien limitado que puede ser finito y que para disponer de un servicio de calidad y con garantía de suministro se necesita de una aportación superior. Y también las Administraciones competentes tienen que pensar cómo debe financiarse este servicio público.

¿Qué otras fórmulas de financiación se podrían barajar?
Además de la financiación pública, que puede venir vía presupuestos, con créditos que destinen a la cobertura de esta necesidad, pongo encima de la mesa la posible colaboración público-privada. Está contemplada en la legislación española. En la Ley de Contratos del Sector Público, avala esta colaboración para obras de infraestructuras importantes siempre con el control y el seguimiento permanente de la Administración. Existe en otros sectores, que la propia UE propicia. Incluso la FEMP abogaba hace un par de años por esta fórmula de manera que no se vea una mano negra en lo que significa financiación privada en el mantenimiento de un servicio público. Siempre la titularidad y la responsabilidad del servicio y del derecho depende de la Administración Pública. Ahora bien, a partir de ahí hay muchos mecanismos de financiación pública y privada que pueden servir para cubrir la prestación de ese servicio.

ENTREVISTA COMPLETA

Entrevista completa en formato PDF.


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